El Concejo Deliberante de San Francisco tratará este miércoles 6 de agosto un proyecto de ordenanza que propone la adhesión del municipio a la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una herramienta impulsada por el Gobierno de Córdoba para intervenir inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública o estén vinculados con actividades ilícitas.
La iniciativa será presentada en el recinto por el concejal oficialista Matías Beccaría, quien estará a cargo de fundamentar la propuesta. El proyecto establece que la implementación de la normativa se realizará mediante convenios de cooperación con la Provincia, los cuales deberán ser autorizados previamente por el Concejo Deliberante.
Según explicó Beccaría, la adhesión no modifica las competencias del municipio, sino que fortalece el trabajo coordinado con el Gobierno provincial en materia de seguridad. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es consolidar una estrategia conjunta para brindar respuestas a una de las principales preocupaciones de la comunidad.
La Ley Provincial Antibúnker fue creada para impedir que viviendas o inmuebles abandonados, deteriorados o relacionados con hechos delictivos sean utilizados para la venta de drogas, el ocultamiento de personas prófugas o el acopio de elementos vinculados al delito.
La normativa aclara que el simple estado de abandono de una propiedad no es motivo suficiente para intervenirla. Para avanzar con medidas preventivas deberán existir elementos concretos que acrediten un riesgo para la seguridad pública o una relación comprobable con actividades ilegales.
Entre las acciones previstas se encuentran intimaciones a los propietarios, tapiado o cerramiento de accesos, sellado de inmuebles, controles perimetrales y otras medidas preventivas. Cuando existan ocupantes o conflictos sobre la propiedad, la intervención quedará bajo la órbita de la Justicia.
De aprobarse la ordenanza, San Francisco formalizará su incorporación al régimen provincial, permitiendo una mayor coordinación con el Ministerio de Seguridad y otros organismos de la Provincia para la prevención del delito, sin que ello implique asumir facultades que corresponden al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal.
